Columna de opinión: Jorge Morales, director general de HORUX Latam
El reciente y doloroso accidente en la comuna de Renca, que hasta ahora ha cobrado la vida de nueve personas y mantiene a otras en riesgo vital tras la explosión de un camión distribuidor de gas licuado, es un recordatorio brutal de que el transporte de carga industrial conlleva una responsabilidad social ineludible.
Los sectores público y privado que dependen intensivamente de esta actividad tienen la obligación de converger en una institucionalidad proactiva en la protección de la vida. No solo mediante medidas preventivas en las operaciones que resguarden a los trabajadores, sino, sobre todo, a las comunidades que conviven con estas rutas.
Hoy se tramita en el Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito y que, entre otras disposiciones, exige la utilización de tecnologías de asistencia a la conducción. Es un avance, lento, pero necesario, si se consideran las enormes posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, que permiten monitorear la fatiga y somnolencia del conductor, así como detectar distracciones como el uso del celular o la falta de atención a las condiciones de la ruta, junto a otras conductas de riesgo como fumar al volante o no utilizar el cinturón de seguridad.
No podemos normalizar las cifras de siniestralidad vial. Aunque Chile mantiene una curva relativamente estable, con más de 1.600 fallecidos al año en las rutas, esa estabilidad no es un logro: es una señal de estancamiento. Hacer las cosas de manera distinta es una urgencia. Para las empresas de transporte, la incorporación de tecnologías de monitoreo y prevención no solo mejora la eficiencia logística; es parte esencial de su misión de resguardar la integridad de las personas.
El objetivo es simple y profundo: que quienes transitan por las carreteras tengan la certeza de volver a casa.
Lograr rutas seguras exige un enfoque integral: legislación moderna y fiscalización efectiva; inversión pública y privada sostenida; adopción de tecnologías de vanguardia e inteligencia artificial; y una política permanente de educación vial.
En un país que depende de sus carreteras para el abastecimiento y la movilidad, la seguridad vial no puede seguir siendo una reacción ante la tragedia. Debe transformarse en una política pública estructural, capaz de anticipar los nuevos escenarios y comprometida de manera activa y permanente con la protección de la vida.
Sólo mediante ese esfuerzo conjunto la seguridad vial dejará de ser un anhelo para convertirse en un estándar intransable.
